La violencia en Baja California se mantiene en niveles críticos y los municipios enfrentan un vacío en estrategias de prevención. Así lo advirtió la diputada Daylín García Ruvalcaba, quien este viernes exigió acciones urgentes tanto al Gobierno Federal como a los ayuntamientos locales.

 

En la sesión del Congreso del Estado, García recordó que la desaparición de los fondos SUBSEMUN y FORTASEG en 2021 dejó a los municipios sin recursos directos para implementar políticas de prevención del delito. “La gente merece salir sin miedo. Hoy, más de 900 homicidios marcan un saldo inaceptable para nuestro estado”, señaló.

 

Aunque el Gobierno Federal creó el Fondo para el Fortalecimiento Institucional de Seguridad Pública, la legisladora cuestionó que los recursos se canalicen solo al nivel estatal, sin garantizar que los municipios puedan atender de manera efectiva sus estrategias locales.

 

“La policía municipal es la primera línea de defensa de nuestras comunidades, pero carece de lo necesario para patrullaje cercano, recuperación de espacios públicos o atención a jóvenes en riesgo”, explicó García.

 

El exhorto presentado solicita la creación de un Fondo Nacional de Prevención del Delito que contemple criterios claros, objetivos basados en la incidencia delictiva y mecanismos de participación ciudadana. Al mismo tiempo, se pide a los ayuntamientos de Baja California que asignen recursos específicos para programas de prevención, desde patrullaje de proximidad hasta campañas comunitarias.

 

Para García, la prioridad es que las acciones de prevención lleguen a los barrios y colonias donde la inseguridad se siente más cerca: “No podemos permitir que los programas solo queden en papel; la prevención tiene que tocar la vida diaria de las personas”.