El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Jorge Ramos Hernández, aclaró que la recientemente aprobada ley anti halconeo no tiene como objetivo afectar el trabajo de periodistas ni de la ciudadanía, sino fortalecer las herramientas legales para perseguir a quienes colaboren con grupos criminales.

El legislador local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que el ejercicio libre del periodismo está protegido por la Constitución, por lo que no existe riesgo de que comunicadores sean sancionados por dar seguimiento tanto a las acciones de las autoridades como de los grupos criminales. “Los periodistas no entran en el tipo penal que fue aprobado en la ley de halconeo”, puntualizó.

 

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Ramos Hernández detalló que entre los aspectos que contempla la reforma se encuentran sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes contraten menores de edad con el fin de utilizarlos como informantes del crimen organizado, así como para funcionarios y exfuncionarios de seguridad que filtren información sensible a delincuentes. “A los propios menores no se les puede fincar responsabilidad, pero sí a quienes los reclutan para involucrarlos en actividades criminales”, subrayó.

El diputado agregó que los ciudadanos podrán seguir utilizando cámaras de seguridad en sus propiedades sin restricción alguna, siempre y cuando no invadan la vía pública sin autorización de la autoridad correspondiente. “Es falso que se prohíba que las cámaras dentro de los domicilios graben hacia la calle; desde su propiedad la gente puede monitorear hasta el alcance que se le permita”, aclaró.

 

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Finalmente, Ramos Hernández enfatizó que lo que busca la reforma es cerrar el paso a prácticas que han permitido a grupos delictivos anticipar operativos policiacos mediante informantes o radiofrecuencias. “Quien no esté en esa hipótesis no tiene nada de qué preocuparse, pero quien trabaje para el crimen debe saber que puede terminar en la cárcel”, sentenció. 

 

 

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