A partir de ahora, las contrataciones de obras y servicios del gobierno en Baja California tendrán un ojo ciudadano extra: el del testigo social.

 

La XXV Legislatura del Congreso aprobó que cualquier proceso de contratación cuente con la participación de una persona acreditada para vigilar que todo se haga con legalidad, transparencia y sin favoritismos.

 

El impulsor de la iniciativa, el diputado Ramón Vázquez, aseguró que la intención es darle a la ciudadanía un lugar en la mesa donde se decide cómo se usan los recursos públicos. “Los contratos ya no estarán solo en manos de funcionarios; ahora habrá un ciudadano vigilando que se hagan bien las cosas”, señaló.

 

 

¿Qué hará el testigo social?

• Estará presente durante las contrataciones con derecho a voz.

• Podrá señalar irregularidades y proponer mejoras.

• Tendrá que elaborar un informe final con observaciones.

 

Para poder participar, los interesados deberán estar registrados y contar con acreditación técnica en materia de obras públicas emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

 

Con esta figura, Baja California se suma a prácticas que ya aplican otros países y que buscan frenar la corrupción en el manejo de dinero público.