La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por la fiscal María Elena Andrade Ramírez, informó sobre el cateo a la funeraria Latinoamericana, ubicada en la colonia La Ciénega de Tijuana, donde fueron localizados nueve cuerpos, entre ellos el de un bebé de apenas ocho meses que presentaba traumatismo cráneoencefálico, caso que quedó al descubierto tras diversas omisiones de instituciones médicas y de la propia funeraria.

 

De acuerdo con la versión oficial, el menor habría sido enviado desde el Hospital General directamente a la funeraria sin notificar al Ministerio Público, pese a presentar signos compatibles con síndrome del niño maltratado. La funeraria, por su parte, recibió el cuerpo y lo preparó para velación y sepelio sin dar aviso a las autoridades. La Fiscalía advierte que, de no haberse intervenido, la muerte habría quedado registrada como natural y el crimen impune.

 

“Si el Ministerio Público no se hubiera alertado de inmediato, esa evidencia y ese crimen hubieran quedado impunes, porque el bebé hubiera sido sepultado como una muerte natural”, declaró la fiscal Andrade, al subrayar que el hallazgo expone la gravedad de la omisión tanto en el ámbito médico como funerario.

 

Durante el operativo, agentes aseguraron además ocho cuerpos de adultos que tampoco habían sido reportados a la autoridad, lo que refuerza las sospechas de irregularidades. Aunque preliminarmente se atribuyen a causas naturales o enfermedades, la FGE señaló que todos los cadáveres fueron remitidos al SEMEFO para confirmar las causas de muerte.

 

La fiscal general advirtió que se ejercerán consecuencias legales contra el personal del hospital que entregó el cuerpo del menor sin dar vista al Ministerio Público, así como contra la funeraria que incurrió en actos con apariencia de delito. La dependencia informó que también se notificó a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), y que se coordinará con instancias de salud y el registro civil para evitar que este tipo de hechos se repitan.

 

 

El caso, calificado por la FGE como de “extrema gravedad”, abre nuevas interrogantes sobre el control, supervisión y transparencia en el manejo de cadáveres en Baja California, y pone en evidencia la vulnerabilidad de procesos que podrían estar encubriendo delitos más graves.