Con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos, la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma que incorpora la figura del "testigo social" como un mecanismo de participación ciudadana en la contratación de obras y servicios. La iniciativa fue propuesta por el diputado Ramón Vázquez Valadez.

La reforma, dictaminada por la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes, modifica la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado. En su exposición, el diputado Vázquez Valadez señaló que esta medida alinea a Baja California con esfuerzos globales de rendición de cuentas adoptados en los últimos veinte años, cumpliendo además con compromisos internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción.

La nueva legislación define al testigo social como una persona física o moral que deberá estar registrada en un padrón público a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y contar con una acreditación técnica emitida por la misma dependencia. Durante los procesos de contratación, su función principal será observar y vigilar que las decisiones se tomen con transparencia, legalidad e imparcialidad, teniendo derecho a voz.

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Entre las atribuciones establecidas para esta figura se incluyen la observación de los procedimientos, la propuesta de mejoras, el reporte de irregularidades, el seguimiento a recomendaciones y la elaboración de un informe final con sus observaciones. El legislador subrayó que esta figura permite que la ciudadanía tenga un asiento en la mesa y que las contrataciones se realicen bajo un escrutinio ético y técnico.