El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETE) llevó a cabo una Movilización Sindical Estatal Coordinada, con presencia en oficinas del Ejecutivo y suspensión de actividades tanto en Mexicali como en diversos municipios de la entidad.

La protesta se dio en exigencia a la corrección de los protocolos escolares y al pago pendiente de cientos de maestros interinos, señaló Héctor Miguel Lara Ochoa, secretario general del SETE.

Lara Ochoa criticó la llamada Guía Rápida Escolar, al considerar que no garantiza la seguridad de los docentes ni de los estudiantes. “No podemos estar jugando con la vida ni con la integridad de los trabajadores de la educación. Esa guía no está concluida y deja fuera situaciones graves que pueden derivar en accidentes”, afirmó.

Recordó que el caso del maestro Esteban, quien enfrentó un proceso por presunta omisión de auxilio, evidenció vacíos legales y la falta de respaldo jurídico por parte de la Secretaría de Educación.

También expuso que los protocolos no contemplan las distintas realidades de las escuelas en Baja California, desde planteles urbanos hasta comunidades marginadas o zonas rurales, así como la atención a niños migrantes en el Valle de Mexicali o estudiantes con trastorno del espectro autista.

El segundo reclamo se centró en el rezago en los pagos a docentes interinos, una situación que, aseguró, se repite año con año. “Se nos prometió que antes del inicio del ciclo escolar se cubriría el adeudo, y luego nos dijeron que sería en dos partes, pero a la fecha seguimos con la misma problemática”, señaló el líder sindical.

De acuerdo con Lara Ochoa, en todo el estado hay alrededor de 800 maestros afectados, de los cuales aproximadamente 300 pertenecen a Mexicali.

“No debe haber nóminas extraordinarias; los compañeros deben recibir sus pagos quincena tras quincena. Ellos también tienen compromisos económicos y familias que sostener”, recalcó.

Finalmente, el SETE advirtió que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades estatales y la Secretaría de Educación den respuesta puntual a estas demandas, reiterando que no se trata de un capricho, sino de la defensa de los derechos laborales y de la seguridad escolar.