La diputada Yohana Gilvaja anunció la presentación de una adenda para reforzar su iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana. El propósito central de esta propuesta es la creación de una Policía Cibernética en el estado de Baja California.

De acuerdo con la legisladora, esta medida responde a la necesidad urgente de enfrentar el incremento de delitos digitales. La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces para los desafíos actuales del entorno tecnológico.

La propuesta se encuentra actualmente en etapa de estudio. Posteriormente, será analizada y discutida en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, donde se evaluará su alcance y viabilidad operativa.

En sus declaraciones, la diputada Gilvaja manifestó que el Estado se encuentra con un rezago de 25 años en esta materia. Subrayó la necesidad de implementar mecanismos especializados para investigar delitos como fraudes en línea, violencia digital y acoso en redes sociales, haciendo especial mención a la protección de las mujeres.

 

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La adenda presentada tiene como objetivo precisar el alcance institucional de la iniciativa. Propone incorporar, dentro de las atribuciones del Centro Estatal de Inteligencia Preventiva —adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana—, la creación de una Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos.

La finalidad de esta unidad sería fortalecer las capacidades del Estado en la detección, análisis, prevención y respuesta ante conductas delictivas cometidas a través de medios digitales. La propuesta indica que estas acciones se llevarían a cabo en concordancia con estándares nacionales e internacionales aplicables.

“El engaño mediante sitios web fraudulentos, las ofertas falsas en redes sociales y el acoso digital son solo algunos ejemplos de la delincuencia que afecta a miles de personas. Necesitamos una respuesta firme y especializada”, señaló la legisladora.

Con la presentación de esta adenda, la iniciativa avanza hacia una fase de discusión más detallada, representando un paso en los esfuerzos por actualizar el marco jurídico frente a los retos de la seguridad digital en Baja California.

 

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