El sistema penitenciario de Baja California continúa siendo, por segundo año consecutivo, la dependencia estatal con mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), principalmente por deficiencias en la atención médica, falta de medicamentos y omisiones en el cuidado de la salud de las personas privadas de la libertad.

 

La subsecretaria de Derechos Humanos en la entidad, Melba Adriana Olvera Rodríguez, reconoció que este ámbito concentra la mayor parte de los señalamientos, algunos de ellos relacionados incluso con fallecimientos por falta de atención adecuada.

 

“Sí se han atendido las recomendaciones, pero hay que decir que son muy amplias y complejas. En algunos casos hemos recibido oficios que acreditan el cumplimiento al 100%, pero en otros, sobre todo en el sistema penitenciario, el reto es mayor porque involucra a un número considerable de personas y condiciones específicas”, explicó Olvera Rodríguez.

 

 

La funcionaria detalló que el gobierno estatal mantiene mesas de seguimiento con la CEDH y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar puntual atención a cada recomendación. Aseguró además que, desde el inicio de la actual administración estatal, se instruyó mejorar las condiciones penitenciarias con un enfoque de derechos humanos.

 

Actualmente, dijo, se llevan a cabo capacitaciones dirigidas no solo a mandos directivos, sino también a custodios y personal de justicia penitenciaria. Los temas incluyen el respeto a los derechos humanos en reclusión, la Ley de Ejecución Penal, igualdad, perspectiva de género, inclusión y visión multicultural.

 

Entre los puntos aún pendientes, Olvera Rodríguez destacó la atención integral a la salud, particularmente en servicios médicos especializados como la atención gineco-obstétrica, además de mejorar proyectos de reinserción social, tiempos de convivencia y condiciones dignas en los centros penitenciarios.

 

“Reconocemos que las personas privadas de la libertad pierden algunos derechos, pero no todos. Mantienen el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y a la alimentación, y en eso estamos trabajando”, subrayó la subsecretaria.

 

De igual manera recalcó que el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 contempla un programa específico de derechos humanos, con el objetivo no solo de atender las violaciones registradas, sino también de prevenir futuras vulneraciones mediante la formación constante del personal y la aplicación de protocolos con perspectiva de derechos humanos.