El presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, David Jesús Rincón Rey, consideró que el sistema penal vigente en México propicia que personas acusadas de delitos graves puedan enfrentar sus procesos en libertad, bajo el argumento de que es preferible mantener las cárceles con menos población para facilitar la rehabilitación.

La declaración surge a raíz del caso de Alejandra N, quien en estado de ebriedad atropelló a una abuela y a su nieta, provocando la muerte de ambas, y cuyos abogados buscan que la imputada pueda continuar su proceso fuera del penal, en lugar de mantenerse bajo prisión preventiva como hasta ahora. 

 

El caso ha generado indignación social y reavivado el debate sobre los alcances de las reformas penales y el principio de presunción de inocencia.

Rincón Rey explicó que, aunque los colegios de abogados podrían proponer reformas para modificar ese esquema, el Congreso argumentaría que dichas iniciativas serían contrarias al espíritu del actual sistema penal. 

“Tenemos que partir del principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó, señalando que ese fundamento legal ha generado controversias en torno a la prisión preventiva y a las reformas constitucionales que intentan limitarla.

 

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El abogado destacó que México ha firmado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que rechazan la prisión preventiva oficiosa, lo cual restringe la posibilidad de encarcelar a los imputados mientras se desarrollan sus procesos judiciales. “Por desgracia, en principio las personas deberían estar llevando sus asuntos fuera de las penitenciarías”, dijo.

 

De acuerdo con estadísticas citadas por Rincón Rey, solo una de cada diez personas sujetas a proceso en libertad evade la acción de la justicia. “La mayoría ve conveniente seguir su proceso y acudir a firmar cada 15 días, porque saben que evadir no les beneficia”, puntualizó.

 

 

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