Ante la situación de una presunta invasión en el fraccionamiento Villa Residencial del Prado, de acuerdo al testimonio de Adriana Morales Gutiérrez, dijo contar con documentos, facturas, fotografías y comprobantes de pago que acreditan su permanencia en la propiedad por más de 12 años. 

La afectada narró que el incidente ocurrió luego de haber dejado su casa sola durante unas horas; al regresar, una vecina le advirtió que varios individuos habían ingresado al inmueble, rompieron las cadenas de seguridad y se atrincheraron dentro, alegando ser los nuevos dueños.

“Solo pido que se haga justicia, que las autoridades actúen y me devuelvan mi casa. Tengo cómo comprobar que es mía, he vivido ahí por años", expresó Morales Gutiérrez.

Al respecto, el diputado local Juan Manuel Molina García hizo un llamado a las autoridades a agilizar las investigaciones y a garantizar la restitución del bien a la legítima propietaria. Señaló que el delito de despojo está plenamente penado y puede agravarse si participan varias personas o si existen indicios de organización entre los responsables.

“Hay medidas para que se restituya de manera inmediata el goce de un derecho que está siendo transgredido. Este tipo de invasiones no son nuevas: hay casos de personas que, en vez de dedicarse al litigio, se involucran irregularmente en el tema inmobiliario, aprovechándose de viviendas vacías por días o semanas. Es urgente que se agilicen las investigaciones y se aplique la ley”, comentó el legislador.

Molina García también advirtió sobre la posible participación de notarías y profesionales del derecho que podrían estar vinculados a prácticas irregulares, como la validación de documentos falsificados o sin respaldo en el Registro Público de la Propiedad.

“Hay notarías que no están revisando correctamente los documentos que fedatan. En algunos casos, incluso han tenido que retractarse al detectar errores graves. Las notarías tienen responsabilidades claras, personal especializado y herramientas tecnológicas como el registro biométrico; no es posible que se les pasen documentos sin antecedentes legales”, puntualizó.

El diputado propuso que el Congreso del Estado refuerce la legislación en materia notarial y penal, para sancionar con mayor severidad a quienes participen o faciliten actos de despojo mediante falsificación o negligencia profesional.

“Debemos revisar el marco legal para evitar que, bajo el amparo de notarías que no cumplen su función o de abogados que falsifican documentos, este tipo de delitos siga ocurriendo”, subrayó.