La diputada local Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado con el propósito de solicitar información detallada a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los juicios abreviados y las cifras delictivas reportadas, ante la preocupación por la presunta discrepancia entre los datos oficiales y la realidad que perciben las víctimas y la ciudadanía.

 

La legisladora expresó que existe una sensación de desprotección entre la población, mientras las autoridades insisten en que los delitos “van a la baja”. En ese sentido, Corral Quintero exigió mayor claridad y rendición de cuentas sobre el número de casos judicializados y las sentencias impuestas, particularmente en delitos graves como el feminicidio.

 

“Presenté un punto de acuerdo porque seguimos con el tema de lo que ha estado pasando en la Fiscalía, cómo nosotros nos sentimos todavía desprotegidos y cómo ellos siguen señalando que todos los delitos van a la baja. Estoy pidiendo que informen cuántos juicios son abreviados, porque cuando son abreviados muchas veces la víctima no comprende las consecuencias y las sentencias no corresponden a lo que marca el código penal”, explicó.

 

La diputada denunció que en algunos casos de feminicidio las penas dictadas han sido considerablemente menores a las establecidas por ley, debido a la aplicación del procedimiento abreviado.

 

 

“Descubrimos que había casos con penas de cuatro, cinco o diez años, cuando el castigo debe ser de 30 años. Eso abre la discrecionalidad del juez que resuelve”, subrayó.

 

Corral Quintero también cuestionó la estrategia de la Fiscalía para reducir el índice delictivo, señalando que la metodología empleada podría maquillar las cifras en lugar de atender las causas reales de la criminalidad.

 

“En este punto de acuerdo estoy pidiendo que la Fiscalía me diga cuántos números de NUC, NAC y RAC tienen, para que sumados nos den una información más plena sobre el índice delictivo en el estado. No se trata de reducir el número en las estadísticas, sino de reducir realmente la incidencia delictiva”, enfatizó.

 

 

La legisladora insistió en que las víctimas deben tener un papel más activo y protegido en los procesos judiciales, y que la transparencia de las autoridades en la presentación de datos es fundamental para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.