Por cuarta ocasión consecutiva, el exregidor y exdirector de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mexicali, José Ramón López Hernández, no acudió a comparecer ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), en la audiencia programada el pasado jueves 23 de octubre. El exfuncionario enfrenta señalamientos por presunto desvío de apoyos sociales y recursos públicos destinados a familiares de sus asesores durante su etapa como regidor en 2022.

 

El abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Blas Ramos, informó que, al igual que en ocasiones anteriores, el abogado defensor Carlos Arturo Martínez acudió en representación del acusado, presentando una serie de argumentos ante el tribunal.

 

 

Blas Ramos calificó la sesión como un avance en el proceso, aunque criticó duramente el comportamiento de los testigos y la estrategia de defensa del exfuncionario.

 

“Contentos porque por fin se haya dado esta audiencia, eso quiere decir que la justicia va caminando. Pero sorprendidos por el nivel de cinismo, por el nivel de mentiras que se dijeron durante la audiencia”, declaró el abogado.

 

Durante la diligencia, estuvieron presentes testigos tanto de la defensa como de la Sindicatura Municipal. Según Blas Ramos, varios de ellos reconocieron irregularidades en sus declaraciones, llegando incluso a confesar que no acudían al Ayuntamiento pese a cobrar salarios de entre 40 y 45 mil pesos mensuales.

 

“Confesaron directamente que eran unos viles aviadores. Eran asesores que durante tres años cobraron sin trabajar. Uno era pintor y otro ama de casa. Eso fue lo que contrató José Ramón López Hernández”, acusó.

 

El representante legal también señaló que un empleado del Ayuntamiento admitió haber recibido oficios de gestión social firmados en blanco por el exregidor, los cuales posteriormente utilizaba para tramitar apoyos, sin informar ni rendir cuentas sobre su destino.

 

“Literalmente se tiró al pecho por él. Dijo que el regidor le daba los oficios firmados en blanco y que él los ingresaba sin supervisión. Eso es una jugada de sacrificio, una maniobra para cubrir al responsable principal”, añadió Blas Ramos.

 

La denuncia contra José Ramón López Hernández data de 2022, y según los documentos presentados por el PRI, más de 300 mil pesos habrían sido desviados mediante apoyos sociales entregados a familiares de sus asesores.

 

“Lo hemos comprobado con cheques, oficios y actas de nacimiento que demuestran los lazos familiares. Fue un esquema de triangulación de dinero para beneficio personal”, afirmó el abogado.

 

 

Concluida la etapa de diligencias, el caso entrará ahora en la fase de alegatos, donde las partes buscarán desvirtuar o confirmar las pruebas presentadas. Blas Ramos estimó que el proceso podría resolverse en un plazo de tres a seis meses, con la expectativa de que se emita una sentencia de inhabilitación contra el exfuncionario.

 

“Vamos por la inhabilitación de este personaje, porque donde se para, hay robo de dinero”, finalizó.