El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa para incorporar el delito de "Sumisión Química" al Código Penal del Estado de Baja California. La propuesta tiene como objetivo principal cubrir un vacío legal y establecer sanciones específicas para quienes administren sustancias a una persona sin su consentimiento para anular su voluntad.

De acuerdo con la iniciativa, la sumisión química se define como la acción de administrar sustancias psicoactivas, narcóticas o similares a una persona, sin su conocimiento y autorización, con el fin de eliminar su capacidad de resistencia, memoria y voluntad, facilitando así la comisión de otros delitos.

 

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En la exposición de motivos, el legislador señaló que estas sustancias, a menudo incoloras e insípidas, son difíciles de detectar ya que se disuelven en bebidas o alimentos, producen efectos como sedación y amnesia, y son eliminadas rápidamente por el organismo, lo que complica su prueba forense y la persecución del delito.

Vázquez Valadez indicó que, si bien esta práctica se asociaba comúnmente a agresiones sexuales, en la actualidad se ha extendido a otros ilícitos como robos y secuestros exprés. Argumentó que Baja California, por su condición fronteriza y su dinámica social en ciudades como Tijuana, Mexicali y Rosarito, con una alta afluencia de turistas y vida nocturna, presenta un entorno de riesgo particular para la comisión de este tipo de delitos.

La iniciativa propone también figuras agravantes para los casos en los que el responsable aproveche su profesión, cargo o empleo para cometer el ilícito; cuando la víctima sea menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad; cuando la conducta tenga como fin facilitar otro delito; o cuando se cause un daño permanente a la salud física o psicológica de la víctima.

 

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En sus declaraciones, el diputado afirmó que "la sumisión química es una forma de violencia que debe enfrentarse con cero tolerancia", y subrayó que el crimen organizado ha evolucionado hacia estas nuevas formas de control.

La propuesta de decreto queda ahora pendiente de ser analizada y, en su caso, discutida y votada por el pleno del Congreso local para su posible incorporación a la legislación penal estatal.

 

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