La Secretaría de Educación de Baja California descartó que exista una ola de amenazas o extorsiones contra docentes o planteles del sistema público estatal, luego de que en semanas recientes circularan versiones sobre posibles casos en distintos municipios.

 

La titular de la dependencia, Irma Martínez, informó que, de acuerdo con los reportes oficiales, solo se han detectado tres situaciones aisladas que trascendieron del ámbito escolar: dos en Tijuana y una en la zona entre Tecate y Ensenada.

 

“Extorsiones directas a nuestros maestros no tengo conocimiento. Lo que hemos tenido son amenazas difundidas en redes sociales hacia comunidades escolares, en una secundaria de Tijuana y en una primaria de la zona del Porvenir”, precisó Martínez.

 

La funcionaria recordó que el sistema educativo estatal atiende a cerca de un millón de estudiantes en más de 3 mil 700 planteles públicos, desde preescolar hasta nivel superior, y que la plantilla laboral asciende a aproximadamente 62 mil trabajadores de la educación.

 

Martínez reiteró que, pese a la magnitud del sistema, no se tiene registro de extorsiones directas al personal docente, y que cualquier incidente detectado se atiende en coordinación con las autoridades de seguridad pública y las comunidades escolares.

 

En cuanto a los centros educativos irregulares, la secretaria indicó que solo se ha identificado un caso en Tijuana durante el presente año, y aseguró que no existen reportes de otros planteles similares en el resto del estado.

 

“Tenemos un área especializada para revisar estos casos y otorgar revalidaciones o registros de validez oficial (RVOE). Lo más importante es que los ciudadanos verifiquen antes de inscribirse si la escuela cuenta con el registro necesario; basta con comunicarse a las delegaciones municipales”, explicó.

 

Martínez subrayó que la dependencia mantiene vigilancia constante sobre instituciones particulares que ofrecen servicios educativos sin autorización, y exhortó a los padres de familia a consultar la validez oficial antes de inscribir a sus hijos, a fin de evitar fraudes o pérdida de años escolares.