Desde hace más de una semana, un grupo de madres mantiene una vigilia forzada en los pasillos del Hospital Regional General No. 1 del IMSS en Tijuana. Sus hijas, menores de edad y en condición de crisis por motivos de salud mental, deberían haber sido trasladadas al Hospital de Salud Mental de Tijuana, pero la movilidad, según denuncian, quedó atrapada entre trámites administrativos, falta de presupuesto y la ausencia de un convenio cooperativo entre instituciones.

 

Cristina López y Alejandra Gutiérrez, explicaron que el miércoles 12 recibieron un alta médica y un documento de subrogación donde se les confirmaba que el traslado estaba autorizado y que únicamente debían esperar ambulancias. Horas después, esa aparente certeza se desmoronó cuando les informaron que el movimiento no se realizaría porque “no existe convenio” con el Hospital de Salud Mental. Días más tarde les aseguraron que el traslado ocurriría antes del viernes, pero la fecha llegó sin que nada sucediera.

 

 

Mientras tanto, las menores permanecen internadas en el área de urgencias, un espacio que, de acuerdo con las madres, resulta inapropiado, riesgoso y emocionalmente perturbador para niñas que requieren atención psicológica y psiquiátrica especializada. En ese entorno deben permanecer sin movilidad, sin posibilidad de salir y compartiendo sanitarios con pacientes de distintas patologías, lo que incrementa riesgos sanitarios y episodios de ansiedad.

 

La permanencia prolongada en urgencias tiene otros efectos colaterales. Las madres aseguran que la situación las está empujando al límite. Varias han acumulado ausencias laborales que podrían costarles el empleo; otras deben dividirse entre la espera hospitalaria y el cuidado de hijos menores en casa. En el caso de Cristina López, señala que su situación es aún más complicada puesto que es viuda, tiene tres niñas a su cargo y reconoce estar presentando síntomas físicos derivados del cansancio, el estrés y más de una semana sin descanso adecuado.

 

A pesar de ello, las denunciantes reconocen que el personal médico y de enfermería ha hecho todo lo que está a su alcance y que ellos mismos les han expresado que el caso rebasó la capacidad operativa del hospital. Para las madres, el problema ya no es clínico sino institucional, con una falta de resolución administrativa y falta la certeza de que sus hijas serán trasladadas a un entorno adecuado para su atención.

 

Es por ello que las madres han solicitado tres cosas, una fecha y hora definidas por escrito para el traslado al Hospital de Salud Mental;, la revisión y agilización del convenio que, según les han informado, impide concretar el movimiento y la priorización de estas pacientes menores de edad, tomando en cuenta el riesgo emocional, físico y psicológico que enfrentan.

 

“Lo único que pedimos es que se respete el derecho a la salud de nuestras hijas. No pueden seguir esperando”, señalan las madres afectadas.