El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, llamó de manera enérgica al Congreso de la Unión a aprobar la Ley General de Castigo a la Extorsión, una iniciativa que —dijo— lleva más de tres años impulsándose sin que hasta ahora exista una resolución concreta.

Sierra Álvarez subrayó que la urgencia no solo proviene del sector empresarial, sino de miles de ciudadanos que enfrentan este delito en todo el país. “La pena tiene que ser pareja para todos, sea funcionario o no. Y si es funcionario, tendría que ser incluso mayor, no menor”, afirmó.

 

 

 

 

 

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Explicó que la propuesta contempla sanciones económicas y penales más severas para quienes cometan extorsión, una medida que considera indispensable ante el crecimiento de este delito, que en algunos estados ni siquiera se perseguía porque no estaba tipificado.

El dirigente empresarial también señaló otra problemática: prácticas de autoridades municipales y estatales que, bajo el argumento de cumplir la ley, terminan incurriendo en actos que los propios empresarios consideran extorsión. “No hay reforma fiscal en el país, pero los municipios y estados se ponen creativos con nuevos impuestos: de circulación, ecológico, verde…”, señaló.

Sierra Álvarez advirtió que, en ciertos casos, los gobiernos locales se convierten en “los mayores extorsionadores” debido a los montos y criterios utilizados. Por ello, insistió en la necesidad de homologar tanto los impuestos ambientales como la tipificación del delito de extorsión en todo el país para evitar abusos y brindar certeza jurídica.