La violencia vicaria en Baja California continúa creciendo y tornándose cada vez más complicada, especialmente cuando las autoridades no la reconocen como tal. Así lo señaló Elza Alejandra Jiménez Larios, coordinadora de la investigación sobre los obstáculos y desafíos de acceso a la justicia para víctimas de esta forma de violencia, quien destacó que uno de los principales avances ha sido la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado.

 

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Jiménez Larios advirtió que, a pesar de las modificaciones legislativas, persiste un problema grave: muchas instituciones siguen sin registrar los hechos como violencia vicaria, aun cuando la figura está contemplada en la fracción G del artículo 6 de la Ley de Acceso. Esa práctica provoca que las denuncias sean reclasificadas como otros delitos, lo que deriva en retrasos procesales y afecta directamente a niñas, niños y adolescentes involucrados.

 

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Según la investigación, el 60% de los casos registrados en Baja California son interestatales, es decir, los agresores trasladan a sus hijas e hijos a otros estados para dificultar su recuperación. Esta situación exige una coordinación entre fiscalías y autoridades de diferentes entidades, lo que vuelve los procedimientos más lentos y desgastantes para las madres que buscan justicia.

El análisis también revela que el 40% de los agresores cruzan con los menores a otro país, principalmente Estados Unidos. Esta condición, propia de un estado fronterizo, complica aún más la restitución de los niños y niñas, quienes pueden tardar entre año y medio y dos años en ser recuperados, generando secuelas psicológicas y, en algunos casos, psiquiátricas.

 

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