En un contexto de disminución de empresas formales y menor ritmo de inversión privada en Baja California, el sector productivo analiza los efectos de la reciente modificación al Capítulo II de la Ley del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, informó Julio Salinas López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.

Señaló que el entorno económico actual, marcado por la reducción de patrones registrados y la cautela en nuevas inversiones, obliga a revisar los factores que inciden en el costo del empleo formal, entre ellos el impuesto sobre nóminas, cuya tasa alcanza 4.25 por ciento.

Indicó que el análisis no se limita a la tasa del gravamen, sino al destino de los recursos que se recaudan por concepto del impuesto al producto del trabajo, particularmente tras las reformas que establecen que dichos ingresos se destinen de manera general al gasto público estatal.

Salinas López explicó que la modificación legal elimina el destino específico de los recursos y define que la totalidad de la recaudación se ejercerá conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado, sin asignaciones directas a infraestructura, seguridad, desarrollo económico o educación.

De acuerdo con cifras de la Auditoría Superior del Estado, el impuesto sobre nóminas representa más del 80 por ciento del total de los impuestos estatales, con ingresos superiores a los 12 mil millones de pesos, de un total cercano a los 15 mil millones.

Añadió que, en contraste, Baja California recibe más de 66 mil millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federales, lo que coloca al impuesto al trabajo como el principal componente de la recaudación local.

El dirigente empresarial señaló que esta concentración obliga a cuestionar el uso de los recursos y su impacto real en condiciones que favorezcan la inversión, la permanencia de empresas formales y la generación de empleo.

Sostuvo que el debate fiscal debe centrarse en el destino del dinero que se recauda del trabajo formal y en la construcción de un esquema que no profundice la desmotivación de la inversión privada en municipios como Ensenada.