El representante legal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California, Joel Abraham Blas Ramos, informó que continúa en proceso la impugnación a la distribución del presupuesto asignado a los partidos políticos en la entidad, asunto que, debido a diversos recursos legales y al periodo vacacional de las instancias jurisdiccionales, será resuelto hasta el próximo año.

 

Blas Ramos precisó que únicamente tres de los ocho partidos con registro en el estado promovieron impugnaciones formales: el Partido del Trabajo (PT), Morena y el PRI. Explicó que el expediente ha tenido un recorrido complejo entre distintas instancias electorales.

 

“PT se fue per saltum. La Sala Superior lo regresó a la Sala Guadalajara; posteriormente, la Sala Guadalajara lo devolvió a la Sala Superior a petición de Morena, que solicitó la facultad de atracción. Finalmente, la Sala Superior lo volvió a turnar al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California”, detalló.

 

 

El representante priista señaló que, al encontrarse el Tribunal local en periodo vacacional, la determinación definitiva se conocerá hasta enero. No obstante, aclaró que la Sala Superior consideró que el tema es de “material reparación”, dado que las ministraciones a los partidos se realizan de manera mensual y permiten ajustes posteriores.

 

En ese sentido, explicó que el presupuesto podría continuar aplicándose como está previsto actualmente; sin embargo, en caso de que exista un fallo que modifique los montos asignados; particularmente si se determina una reducción para algún partido como el PES, se realizarían los ajustes correspondientes.

 

“Si en un primer momento se entrega todo lo que le correspondería a un partido durante una administración anual y después hay una resolución en contrario, ya no recibiría ministraciones posteriores porque el recurso ya fue entregado”, indicó.

 

Finalmente, Blas Ramos reiteró que, por esta razón, la Sala Superior determinó que el asunto puede esperar su resolución, al tratarse de un tema susceptible de corrección sin afectar de manera definitiva el proceso electoral ni el financiamiento público de los partidos.