La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California (SMADS) informó que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró un comercio dedicado a la venta de pirotecnia en la capital del Estado, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y proteger la salud de la población.

 

De acuerdo con la dependencia, estas acciones forman parte de una estrategia permanente de vigilancia y prevención de riesgos ambientales, realizada de manera coordinada entre la SMADS y la Procuraduría, encabezada por el licenciado Omar Javier Durán Contreras.

 

 

Durante una inspección al establecimiento, personal de la Procuraduría colocó sellos de clausura al detectar presuntas irregularidades por incumplimiento de la Ley Estatal de Protección al Ambiente y demás disposiciones vigentes.

 

La SMADS explicó que, conforme a la ley, tiene la facultad de implementar medidas preventivas como la clausura de puntos de venta de pirotecnia cuando existan riesgos potenciales de contaminación ambiental o afectaciones al bienestar de la ciudadanía.

 

Sin embargo, el gerente de la empresa Cohetería El Cachanilla, Óscar Álvarez Ley, rechazó los señalamientos y calificó el procedimiento como arbitrario y carente de sustento legal.

 

 

“Estábamos laborando como un día normal cuando llegaron las autoridades estatales, sin previo aviso, sin notificación, sin sanción ni multa. Simplemente exigieron documentos, realizaron inspecciones físicas y, en ese momento, determinaron clausurar las actividades”, expresó.

 

El empresario sostuvo que las autoridades justificaron la acción bajo una supuesta presunción de alta contaminación para el día de la inspección, argumento que aseguró no se cumplió.

 

“Hoy la contaminación ha sido incluso más baja que hace dos meses en Mexicali, y además la lluvia favorece las condiciones ambientales. No existe tal contaminación como ellos presumen”, señaló.

 

Álvarez Ley también cuestionó que, pese a contar con permisos y certificaciones vigentes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, se haya determinado que el establecimiento no era seguro.

 

“No dejaron citatorio, seguimiento ni multa. Simplemente clausuraron. Nos acusan de emisiones cuando aquí no se fabrica nada, no hay máquinas, no hay drenaje, no se arrojan productos a ninguna red, ni siquiera contamos con agua potable o sistema de drenaje. Somos únicamente un comercio”, enfatizó.

 

El representante de la empresa adelantó que evalúan las vías legales para impugnar la clausura, al considerar que el procedimiento careció de las garantías mínimas de debido proceso.