En sesión extraordinaria de Cabildo, el XXV Ayuntamiento de Tijuana aprobó por unanimidad la desincorporación de diversos bienes del dominio público municipal para integrarlos al régimen de dominio privado, con el objetivo de autorizar su posterior enajenación a título oneroso, como parte de un acuerdo patrimonial presentado ante el pleno.

La sesión fue encabezada por el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, quien, tras la verificación del quórum legal por parte del secretario de Gobierno del Ayuntamiento, dio inicio formal a los trabajos conforme al orden del día previamente aprobado por las y los integrantes del Cabildo.

Durante la sesión, el secretario de Gobierno informó sobre los avisos de movimientos programáticos y presupuestales automáticos del ejercicio fiscal 2025, así como la presentación del informe correspondiente al mes de noviembre de 2025 de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual da cuenta del estado y avance en el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

El punto central de la sesión fue la lectura y aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la desincorporación de tres fracciones de la vía pública, ubicadas en el fraccionamiento Las Palmas: calle Santo Tomás, calle Santa Ana y avenida San Pedro, con superficies que en conjunto superan los 3 mil 300 metros cuadrados. Dichos inmuebles pasarán al dominio privado del municipio para su venta conforme al Reglamento de Bienes y Servicios del Ayuntamiento de Tijuana.

El acuerdo establece que los recursos obtenidos por la venta de estos bienes serán destinados de manera proporcional a partidas relacionadas con servicios médicos, fondos de pensiones y patrimonio municipal, además de instruir a la Tesorería Municipal y a la Oficialía Mayor para realizar los trámites administrativos y financieros correspondientes.

Durante la discusión, la regidora Gina Arana realizó una observación de forma al señalar una inconsistencia en el considerando primero del documento respecto a la superficie de dos de los inmuebles, solicitando que dicha corrección sea integrada al momento de la certificación del acuerdo y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. La observación fue tomada en cuenta sin modificar el fondo del dictamen.

Tras ello, el presidente municipal instruyó al secretario de Gobierno a someter el acuerdo a votación nominal, resultando aprobado por unanimidad de las y los regidores, así como de la síndica procuradora y el propio alcalde, con la precisión de incorporar la corrección señalada.