Con todo y fuertes críticas de la oposición, el Congreso del Estado de Baja California aprobó la Ley de Ingresos y la Tabla de Valores Catastrales 2026 del municipio de San Quintín, misma que contempla un aumento al impuesto predial superior al 300%, de acuerdo con legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN).

 

La diputada panista María Yolanda Gaona Medina advirtió que el incremento resulta desproporcionado y excesivo en comparación con el impuesto vigente durante el presente año, lo que podría generar una fuerte afectación económica entre las familias del municipio.

 

 

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre, el pleno del Congreso ordenó al Ayuntamiento de San Quintín realizar adendas a su proyecto de Ley de Ingresos y Tabla de Valores Catastrales, luego de que se detectaran diversas inconsistencias, informó la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Liliana Michel Sánchez Allende.

 

La legisladora explicó que, ante el impacto que representaría el incremento del predial, se solicitó formalmente a la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, que se habiliten descuentos especiales dirigidos a la población, particularmente para los grupos de atención prioritaria, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.

 

 

Sin embargo, la inconformidad de la bancada panista se mantuvo firme. La diputada Alejandrina Corral Quintero señaló que su grupo parlamentario votó en contra de todos los proyectos de Ley de Ingresos que contemplaron aumentos desproporcionados al predial, incluyendo los correspondientes a los ayuntamientos de San Quintín, Tecate y Playas de Rosarito.

 

“Está sucediendo algo muy triste en San Quintín y en el estado. Estamos viendo cómo en Rosarito y en Tijuana se están manifestando ya los pobladores porque ya no aguantan; les subieron. En Rosarito, por ejemplo, hay cobros que se incrementaron hasta 400 veces. Es lo mismo que está sucediendo en San Quintín”, expresó la legisladora.

 

Las diputadas del PAN advirtieron que este tipo de decisiones podrían derivar en conflictos sociales, protestas ciudadanas y un mayor deterioro de la economía familiar.