Luego de que la diputada Alejandra María Ang Hernández informara que se encuentra atendiendo un proceso administrativo tras no declarar una cantidad de dinero en efectivo que superaba el monto permitido por la legislación de Estados Unidos al cruzar por la Garita de Calexico, el diputado Juan Manuel Molina García aseguró que el caso ha sido utilizado con fines de hostigamiento y oportunismo político.

 

Ang Hernández explicó que el recurso tenía como destino la compra de un vehículo y que, por un error involuntario, el dinero no fue resguardado previamente en su domicilio antes de realizar el cruce fronterizo.

 

Molina García sostuvo que diversos actores han aprovechado el tema para desatar una campaña de cuestionamientos, señalando directamente al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, Octavio Sandoval, a quien acusó de carecer de autoridad moral para opinar sobre el uso de recursos públicos.

 

“Octavio Sandoval no tiene cara… debería explicar dónde quedaron 647 mil pesos de incremento ilícito como consejeros del ITAI (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales), más 300 mil pesos de incremento a sus subordinados, además de casi medio millón de pesos en transferencias sin justificación cuando fue presidente del ITAI. 

 

 

Estamos hablando de casi un millón y medio de pesos que debe explicar”, expresó.

 

Asimismo, Molina García cuestionó la credibilidad de Joel Abraham Ramos, quien se presenta como abogado en distintas ramas del derecho, señalando que no cuenta con cédula profesional, de acuerdo con el registro público de la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública federal.

 

“Viene a dar supuestas cátedras de derecho sin tener autorización legal para ejercer como abogado”, sostuvo, al tiempo que precisó que Ramos no es trabajador del Congreso del Estado ni secretario técnico de ningún diputado.

 

El legislador concluyó que los señalamientos contra la diputada Ang y la Comisión de Fiscalización responden a intereses políticos de personas inconformes con las resoluciones emitidas por el Congreso del Estado.