Tijuana no solo es la ciudad más poblada de Baja California; también es el principal punto de concentración de comunidades indígenas y afromexicanas del estado, de acuerdo a legisladores. Bajo ese argumento, la diputada Evelyn Sánchez, presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, afirma que se requieren más recursos para atender a una población históricamente relegada.

 

La legisladora subrayó que el 51 por ciento de la población indígena y afromexicana de Baja California vive en Tijuana, una cifra que, dijo, obliga al gobierno municipal a asumir una mayor responsabilidad presupuestal y social, particularmente en el apoyo a artesanas, artesanos y comunidades asentadas en la periferia urbana.

 

Sánchez reconoció que el Ayuntamiento ya ha manifestado disposición para destinar fondos en materia económica, pero advirtió que la magnitud del fenómeno migratorio interno y la diversidad cultural de la ciudad demandan una política pública más robusta y sostenida.

 

 

En paralelo, la diputada adelantó que el Congreso estatal se prepara para iniciar una consulta amplia y territorial con pueblos originarios de todo Baja California, como parte del proceso para construir una legislación que garantice plenamente sus derechos constitucionales. A diferencia de ejercicios anteriores, esta vez, explicó, el trabajo se hará directamente en las comunidades.

 

“El planteamiento es ir al territorio, escuchar a los kumiai, cucapá, triquis, mixtecos y a todas las comunidades del estado. Hacerlo bien lleva tiempo, pero es la única forma de que la ley realmente los represente”, señaló.

 

De acuerdo con la presidenta de la comisión, el proyecto comenzará formalmente tras la aprobación del presupuesto, con mesas de trabajo que podrían extenderse entre tres y cuatro meses, debido a que se desarrollará en varias etapas, las cuales serán las informativa, consultiva y legislativa. Una vez concluido el proceso, la iniciativa será presentada ante el Pleno del Congreso.

 

La diputada también destacó que esta ruta legislativa se alinea con la política federal impulsada desde la Presidencia de la República y con el trabajo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, encabezado por Adelfo Regino, lo que, afirmó,  permitirá dar coherencia y respaldo institucional a los derechos de las comunidades.