El descontento vecinal volvió a hacerse visible en el fraccionamiento Real de Mar, donde residentes salieron a manifestarse para denunciar deficiencias persistentes en servicios básicos que, aseguran, afectan directamente su salud, seguridad y calidad de vida.

 

Entre las principales quejas destaca el suministro de agua potable, que según los vecinos presenta presunta contaminación con residuos fecales. Rubén Galloso y Miguel Domínguez, habitantes del fraccionamiento, señalaron que esta situación estaría respaldada por estudios de laboratorio y que el problema no se origina en la entrega del agua, sino dentro del propio sistema hidráulico del desarrollo.

 

De acuerdo con su testimonio, las cisternas internas se encuentran abiertas, sin mantenimiento y ubicadas junto a zonas de aguas residuales, lo que facilitaría la contaminación del líquido. A ello se suma la exposición a fauna nociva y la ausencia de medidas sanitarias básicas.

 

Los residentes señalaron que la infraestructura hidráulica fue instalada hace más de 30 años, sin prever el crecimiento poblacional del fraccionamiento, lo que ha derivado en una red rebasada, deteriorada y sin inversiones para su rehabilitación. A este escenario se añade el sistema de drenaje sanitario, que —afirman— descarga directamente al mar sin tratamiento previo, generando un foco de contaminación ambiental visible en zonas aledañas.

 

La inseguridad es otro de los puntos de tensión. Los vecinos denunciaron robos a viviendas y vehículos, así como incidentes que han puesto en riesgo a familias, pese al pago de cuotas destinadas a servicios de vigilancia. Indicaron que los constantes cambios de empresas de seguridad no han mejorado la situación, al no existir criterios claros ni participación vecinal en las decisiones.

 

A las fallas en servicios se suman problemas de infraestructura urbana: calles sin alumbrado público, baches, ausencia de banquetas y deterioro generalizado en áreas comunes.

 

El malestar se agravó, dijeron, tras el aumento de hasta 100% en las cuotas de mantenimiento, aplicado sin consulta previa. Los cobros, realizados en dólares, fueron calificados como irregulares y desproporcionados, al no reflejarse en mejoras tangibles en el fraccionamiento.

 

Los manifestantes aseguraron que desde 2019 han presentado oficios a la empresa administradora exponiendo las mismas problemáticas, sin que hasta ahora exista una respuesta efectiva, situación que derivó en el actual reclamo público.

 

Ante este panorama, solicitaron la intervención de autoridades de desarrollo urbano para auditar las condiciones sanitarias e hidráulicas del fraccionamiento, así como la mediación institucional para establecer acuerdos formales entre la administración y el comité vecinal.

 

 

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