Representantes de la comunidad jurídica de Baja California sostendrán este martes una reunión con autoridades del Gobierno del Estado para dar seguimiento a un pliego petitorio en el que demandan acciones concretas para frenar la violencia y garantizar la seguridad pública, no solo para abogados, sino para toda la ciudadanía.

Rafael Cruz Manjarrez, presidente de la Alianza de Federaciones, Asociaciones, Colegios, Organismos y Barras de Abogados A.C., explicó que el encuentro forma parte de una ruta institucional iniciada en Mexicali, donde previamente se presentaron las demandas de manera formal ante el Poder Ejecutivo. En esta ocasión, dijo, fueron convocados para dialogar con el secretario de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y el secretario de Seguridad Pública estatal.

El dirigente subrayó que la exigencia central es el cese de la violencia que afecta a toda la entidad, al señalar que al menos 15 homicidios han tenido como víctimas a abogados, además de comunicadores y otros perfiles profesionales. En ese sentido, dejó claro que la petición no busca privilegios, sino el respeto a derechos fundamentales. “Estamos solicitando un cese a la violencia, la paz. No es un privilegio lo que pedimos, es un derecho que estamos ejerciendo y que viene contemplado en la Constitución”, afirmó.

Cruz Manjarrez advirtió que la inseguridad se ha desbordado en todo Baja California, desde Tijuana hasta Mexicali y Ensenada, con hechos violentos que se registran de manera cotidiana y que han colocado al estado en el foco nacional e internacional. Ante este escenario, sostuvo que la comunidad jurídica asume su papel como garante del Estado de Derecho, buscando fortalecer la legalidad y servir como contrapeso institucional frente a las autoridades.

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Asimismo, enfatizó que el movimiento es de carácter altruista y que no persigue beneficios económicos ni acuerdos simulados. Recordó antecedentes en los que procesos similares no prosperaron, por lo que advirtió que no claudicarán si no existen resultados reales, aunque reconoció que, por ahora, perciben voluntad política por parte del gobierno estatal para atender sus demandas.

Finalmente, señaló que se mantendrán atentos al desarrollo de las mesas de trabajo y que, de no cumplirse los compromisos, se convocará nuevamente a los medios de comunicación para informar sobre las acciones a seguir, reiterando que la exigencia es simple: que se cumpla la ley y se garantice la seguridad como un derecho humano para toda la población.