Tras revisar el caso en segunda instancia, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que no hubo violencia política en razón de género por parte de la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba.

El asunto fue resuelto por unanimidad durante la sesión pública celebrada la mañana del miércoles 21 de enero, al analizar el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 596/2025, con el que se buscaba revertir un fallo previo emitido en Baja California.

Los magistrados federales coincidieron en que no se acreditaron actos que vulneraran los derechos político-electorales de la legisladora denunciante, Claudia Yaneth Huerta Contreras, quien según el análisis del tribunal continuó ejerciendo su cargo sin limitaciones, con acceso a recursos y sin evidencia de exclusión o bloqueo institucional.

La resolución ratifica el criterio ya emitido por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que también había desestimado la denuncia tras evaluar las pruebas y el contexto del caso bajo un enfoque de género, conforme a los lineamientos jurisprudenciales vigentes.

De acuerdo con el fallo, el análisis integral no arrojó elementos suficientes para configurar este tipo de violencia, al no demostrarse afectaciones reales en el desempeño legislativo ni acciones que implicaran menoscabo de derechos.

Con esta determinación, el tribunal federal cerró el caso y reiteró que las denuncias por violencia política de género deben atenderse con seriedad, pero también sustentarse en hechos comprobables que acrediten una afectación efectiva.