La diputada Evelyn Sánchez presentó este sábado su primer informe de actividades legislativas con un mensaje centrado en la agenda indígena y afromexicana, un eje que, aseguró, ha marcado su trabajo desde su llegada al Congreso y que ahora enfrenta uno de sus mayores desafíos: llevar la consulta directamente a las comunidades del estado.

 

 

Durante su mensaje, la legisladora destacó los avances en materia de derechos indígenas, particularmente la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas, un proceso que calificó como complejo pero necesario. Reconoció que el reto inmediato será recorrer comunidad por comunidad para informar sobre las reformas aprobadas y organizar asambleas en los lugares que los propios pueblos determinen.

 

Sánchez subrayó que, entre los logros legislativos de este periodo, se encuentran reformas en educación financiera y en la Ley de Responsabilidades, además de otros temas que aún están en análisis. 

 

La diputada, quien fue reelecta y forma parte de la legislatura desde 2021, afirmó que el trabajo comunitario ha sido una constante en su trayectoria. Señaló que una mejor administración de los recursos legislativos ha permitido ampliar el alcance de jornadas sociales y coordinar esfuerzos con dependencias federales, estatales y municipales, así como con organizaciones civiles y el sector empresarial.

 

En ese contexto, detalló que la prerrogativa mensual de los legisladores asciende a 300 mil pesos, recurso que, dijo, debe manejarse con responsabilidad para atender distintas necesidades sociales y fortalecer proyectos en territorio.

 

Al ser cuestionada sobre las recientes protestas en San Quintín, la diputada reconoció la existencia de un malestar profundo derivado de demandas históricas no resueltas. Relató que participó directamente en mesas de diálogo tras el cierre de la carretera Transpeninsular y acompañó a funcionarios estatales en los primeros acercamientos con los manifestantes.

 

Sánchez explicó que muchas de las exigencias planteadas corresponden a facultades del gobierno estatal y municipal, aunque aseguró que, desde el ámbito legislativo, ha dado seguimiento puntual a los compromisos asumidos con las comunidades jornaleras e indígenas de la región.

 

Sobre el clima de confrontación observado en las movilizaciones, la diputada sugirió que existen componentes políticos en la organización de las protestas, al señalar que algunos de los actores visibles tienen vínculos directos con figuras públicas locales, lo que, a su juicio, obliga a un análisis cuidadoso del contexto.

 

 

No obstante, aclaró que ello no invalida las demandas de fondo de los pueblos indígenas, cuya principal exigencia sigue siendo la armonización de las reformas federales a nivel estatal y municipal, así como el fortalecimiento de instancias como las direcciones de asuntos indígenas.

 

Como uno de los principales legados de su trabajo legislativo, Sánchez destacó la reforma constitucional que garantiza la presencia de regidores y regidoras indígenas en todos los municipios de Baja California, una medida que, afirmó, busca asegurar representación directa y permanente de estas comunidades en los gobiernos locales.

 

La diputada aseguró que los avances logrados no eliminan los retos pendientes y que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas requiere no solo reformas legales, sino voluntad política, diálogo constante y presencia real en las comunidades.

 

 

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