La diputada Yohana Gilvaja presentó un exhorto en sesión plenaria dirigido al Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y al Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui Ibarra, para que garanticen un acompañamiento integral a la familia de Servando Salazar Cano, un trabajador desaparecido en su centro de trabajo. El objetivo es que su esposa reciba las indemnizaciones que por ley le corresponden.

 

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Durante su intervención, la legisladora criticó duramente lo que calificó como una contradicción del gobierno: mientras fue eficiente para recaudar una multa de 10 millones de pesos a la empresa responsable, ha sido incapaz de asegurar la reparación del daño para la familia afectada. "Se observa un gobierno firme para cobrar pero débil al momento de responder a las familias", declaró Gilvaja, asegurando que Baja California no puede ser un lugar donde el trabajador desaparezca, el gobierno cobre y la familia quede en el olvido.

En el mismo exhorto, la diputada denunció la existencia de esquemas de explotación laboral en gasolineras de la marca Mobil (antes Chevron), donde, según afirmó, hay trabajadores que no reciben sueldo y dependen únicamente de las propinas, una situación ya reconocida por la propia Secretaría del Trabajo. "Cuando el gobierno inspecciona y no castiga, no está corrigiendo", advirtió.

 

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Por ello, el punto de acuerdo también solicita al titular de la Secretaría del Trabajo que rinda un informe detallado al Congreso sobre los resultados de las inspecciones realizadas, los procedimientos administrativos abiertos y las sanciones aplicadas en centros de trabajo que violen los derechos laborales.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por los legisladores presentes, con el fin declarado de fortalecer la justicia laboral y reafirmar el compromiso del Congreso con la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias en Baja California.

 

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