Diez agentes de seguridad fueron dados de baja de la corporación tras ser señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, una decisión que, de acuerdo con las autoridades, busca impedir que estas conductas se realicen desde el interior de las instituciones, aun cuando exista el riesgo de que continúen fuera de ellas.

 

El secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, explicó que los policías separados pierden todo vínculo con la corporación. Reconoció que no puede descartarse que algunos continúen involucrados en actividades ilícitas, pero sostuvo que el daño es mayor cuando estas acciones se cometen desde una posición de autoridad.

 

La medida, según explicó, responde a la necesidad de evitar que personas bajo sospecha utilicen recursos institucionales o la investidura policial para facilitar delitos. “El problema se agrava cuando alguien delinque con placa”, señaló al referirse al criterio aplicado en las bajas recientes.

 

Carrillo aclaró que la separación administrativa no implica de manera automática la detención o presentación de los exagentes ante la Fiscalía. Indicó que las denuncias continúan su curso por otras instancias y que los procesos siguen abiertos, aunque los señalados ya no formen parte de la institución.

 

 

Además de las bajas definitivas, otros 18 policías permanecen suspendidos. Entre ellos se encuentran agentes acusados del robo de 180 kilogramos de cocaína ocurrido el año pasado en Tijuana, así como elementos que reprobaron los controles de confianza del C3.

 

También se mantienen en revisión casos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos y denuncias por robo a ciudadanos, lo que refleja, según las autoridades, un proceso de depuración interna aún en curso.