El reparto del financiamiento público a los partidos políticos en Baja California sigue dando de que hablar a un año de un nuevo proceso electoral, luego de que el Tribunal local avalara la fórmula que concentra más de la mitad del presupuesto en el único partido local existente, el Partido Encuentro Solidario de Baja California. La resolución abrió la puerta a una nueva impugnación que podría escalar hasta la Sala Guadalajara o incluso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Luis Alberto Hernández Morales, explicó que el presupuesto total, superior a los 152 millones de pesos, se distribuye conforme a una fórmula establecida en la ley y aplicada de manera constante en años anteriores. Subrayó que el organismo electoral se limita a ejecutar lo que marca la normativa vigente y continuará administrando los recursos mientras se resuelven las impugnaciones en curso.

 

Ante los señalamientos del PRI, que califica el esquema como inconstitucional y argumenta que los recursos deberían repartirse en una sola bolsa entre todos los partidos, Hernández Morales recordó que las reglas de financiamiento tienen más de diez años de vigencia y que incluso la última reforma relevante, en 2014, fue aprobada cuando ese partido tenía mayoría legislativa. Añadió que esta asignación ya ha sido impugnada en tres ocasiones previas y en todas fue confirmada por los tribunales.

 

 

La diferencia en los montos, detalló, se origina porque la ley establece porcentajes distintos para partidos nacionales y locales en el cálculo basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). A ello se suma una reforma estatal que redujo el financiamiento a partidos nacionales, situación que fue impugnada por el partido local y validada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

El funcionario electoral precisó que no es competencia del IEEBC modificar el modelo de financiamiento ni decidir sobre eventuales ajustes, ya que cualquier cambio dependerá de resoluciones judiciales o de una reforma legal aprobada por el congreso local o desde la federación. Mientras tanto, señaló, el escenario inmediato es la cadena de impugnaciones y la expectativa de lo que determinen las instancias federales, en un debate marcado por el elevado monto de los recursos en disputa.