La Ley de Participación Ciudadana en Baja California podría actualizarse para alinearse con los estándares actuales de derechos humanos y democracia participativa.

 

La diputada Araceli Geraldo Núñez llevó al Pleno una propuesta de reforma con la que se pretende reforzar la manera en que se interpretan y aplican los mecanismos de participación en el estado.

 

Aunque la legislación ha sido modificada en años anteriores, la iniciativa señala que aún existe un desfase frente a los criterios constitucionales actuales, sobre todo en temas como participación informada, inclusión de sectores históricamente relegados y el uso adecuado de herramientas digitales en procesos ciudadanos.

 

El planteamiento no cambia la estructura ni los procedimientos ya establecidos. En cambio, busca dejar claros principios como la progresividad de derechos, la máxima participación y la deliberación democrática como ejes centrales al momento de aplicar la ley.

 

Entre los puntos que se agregarían destaca la obligación de autoridades estatales y municipales de impulsar de forma permanente la educación cívica y la cultura de participación, así como promover el uso ético y accesible de tecnologías de la información.

 

También se proponen reglas más claras para fortalecer el Parlamento Abierto, como difundir con anticipación los asuntos legislativos, abrir espacios de discusión pública, transparentar las opiniones ciudadanas recibidas y dar respuesta institucional a las propuestas.

 

De aprobarse, la reforma no implicaría mayor gasto público ni modificaría competencias de otros niveles de gobierno, pero sí marcaría un ajuste en la forma en que se entiende y promueve la participación ciudadana en la entidad.