El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, informó que la solicitud de juicio político promovida por ciudadanos en contra de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, fue turnada al área técnica de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional para su análisis inicial.

El legislador explicó que el recurso fue presentado y ratificado por 14 ciudadanos del municipio, y actualmente se encuentra en la etapa de estudio jurídico, donde se determinará la procedencia o no del procedimiento.

 

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“En referencia al juicio político solicitado por parte de unos ciudadanos de San Quintín, entiendo que la comisión lo turnó al área técnica para la primera evaluación. En este momento está en fase de estudio por las áreas técnicas que tienen que emitir una valoración jurídica”, señaló.

Entre las inconformidades planteadas por los promoventes se mencionan presuntas faltas de atención a la ciudadanía, la permanencia de instalaciones municipales tomadas, la adquisición de un programa informático que, según refieren; no fue aplicado, así como la falta de resultados en las investigaciones relacionadas con tres cuentas públicas reprobadas al Consejo Municipal Fundacional. Molina García recordó que dichas cuentas fueron rechazadas por el Congreso y que aún se encuentra en análisis una cuarta, correspondiente al periodo de cuatro años que duró ese órgano.

El presidente de la JUCOPO subrayó que las autoridades deben atender de manera directa a la ciudadanía y ofrecer respuestas claras, aun cuando no siempre esté en sus manos resolver cada problemática.

 

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Asimismo, mencionó que una de las principales quejas expuestas es la reducción de sueldos de integrantes del cabildo para ajustar el gasto público. No obstante, aclaró que el Congreso no tiene facultades para disminuir directamente esas percepciones, aunque consideró que los propios regidores podrían presentar una propuesta en ese sentido. Señaló que, según comparativos, los ediles de San Quintín perciben casi el doble que los del municipio de San Felipe.

Finalmente, indicó que será la comisión correspondiente la que determine qué aspectos son competencia del Poder Legislativo y cuáles permanecen dentro del ámbito autónomo del municipio.

 

 

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