La Comisión Ciudadana del Agua presentó ante el Congreso del Estado de Baja California una iniciativa para crear la figura de la Comisaría Ciudadana del Agua al interior de cada organismo operador en los municipios, con el objetivo de que la ciudadanía tenga voz y voto en la planeación y ejecución de proyectos hídricos.

El planteamiento fue dado a conocer por Eduardo Sánchez Castro, secretario de la Comisión Ciudadana del Agua de Tijuana y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Baja California, quien explicó que esta nueva figura permitiría una participación más activa y con capacidad de decisión en temas relacionados con la gestión integral del recurso.

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Actualmente, detalló, cada Comisión Estatal de Servicios Públicos cuenta con un consejo de administración integrado en su mayoría por servidores públicos y únicamente un representante ciudadano con voz, pero sin derecho a voto.

“Si no hay la información suficiente, nada más levantar la mano y votar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Normalmente es muy factible que nos veamos influidos por las opiniones que están girando en torno a una decisión tan importante”, expresó Sánchez Castro.

Subrayó que la propuesta busca fortalecer la transparencia y garantizar que la ciudadanía pueda revisar a fondo los proyectos, especialmente en temas sensibles como el manejo energético, la disposición de salmuera en el caso de plantas desaladoras, las previsiones ambientales para evitar impactos negativos en el mar, así como los mecanismos de supervisión durante las etapas de construcción y operación.

Respecto a las críticas sobre el costo del agua y la inversión en infraestructura como una planta desaladora, Sánchez Castro señaló que si bien se trata de proyectos costosos, también resulta elevado trasladar agua a la zona costa desde Mexicali o depender del recurso proveniente del Río Colorado, cuya disponibilidad está sujeta a acuerdos y negociaciones internacionales.

“Nos hace falta reciclar, nos hace falta una fuente de agua segura nueva y también invertir en la infraestructura que ya está deteriorada. Todo esto requiere decisiones consensuadas”, enfatizó.

Finalmente, indicó que una mayor apertura informativa podría disminuir la resistencia social hacia proyectos como la desaladora, al permitir que la población conozca a detalle los alcances, costos y medidas de mitigación ambiental, garantizando así procesos más transparentes y participativos.