El uso de datos personales por parte de Telcel llegó al Congreso local. El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha pidió que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) revise a fondo el contrato que la empresa maneja con sus usuarios, ante señalamientos de que podría estar condicionando el servicio a la autorización del uso comercial de información personal.

 

El exhorto está dirigido al titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, para que se analicen tanto los aspectos técnicos como jurídicos del contrato de adhesión que utiliza Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., razón social de Telcel, compañía que lidera el mercado de telecomunicaciones en el país.

 

La discusión surge a partir de una denuncia presentada por la asociación civil PRODECO, la cual documentó cláusulas en el aviso de privacidad de la empresa que, según su interpretación, permiten analizar información de los usuarios —incluyendo datos de redes sociales— para elaborar perfiles publicitarios, compartirlos con empresas del mismo grupo o socios comerciales e incluso transferir datos a terceros, como instituciones financieras, a menos que el cliente manifieste expresamente su negativa.

 

Ante este escenario, el legislador planteó también una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para dejar claro que ninguna empresa puede obligar a sus clientes a aceptar el tratamiento de datos con fines comerciales como requisito para contratar o mantener un servicio.

 

La propuesta no impide que las compañías soliciten autorización para utilizar información con objetivos publicitarios o comerciales, pero sí establece que el consentimiento debe ser libre y no una condición impuesta.

 

Cantón argumentó que la legislación federal ya contempla la protección contra prácticas coercitivas y reconoce el derecho de los usuarios a decidir sobre el uso de su información personal, incluidos los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

 

El llamado ahora queda en manos de PROFECO, que deberá determinar si el contrato de Telcel cumple con la normativa vigente o si existen elementos que ameriten una intervención formal.