Los daños registrados en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, durante la marcha del 8 de marzo en Tijuana fueron calificados como un acto de vandalismo por Eddy Carrillo, presidente de la Fundación Todos Somos Erick Carrillo, quien sostuvo que este tipo de acciones no representan el trabajo que realizan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

En entrevista, Carrillo afirmó que los incidentes no ocurrieron en la unidad especializada en desapariciones de la Fiscalía, por lo que no prevé un impacto directo en las investigaciones relacionadas con estos casos.

 

“No tanto representa un atraso porque no fue en la fiscalía de la unidad de desaparecidos. Lo hicieron aquí en el Ministerio Público”, explicó.

No obstante, señaló que los daños sí afectan a la comunidad que acude a presentar denuncias por otros delitos, además de que podrían provocar retrasos en la atención de los reportes que se realizan en esas oficinas.

“Para nosotros es un acto de vandalismo que no aprobamos. Esta lucha que llevamos ha sido con marchas y manifestaciones, pero pacíficas y con respeto”, indicó.

 

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Carrillo consideró que las afectaciones a la estructura y al equipo en esas instalaciones pueden repercutir en la atención a las personas que acuden a presentar denuncias por robos u otros incidentes, lo que, dijo, implica un retroceso en la atención institucional.

También advirtió que estos hechos pueden impactar el respaldo que colectivos y familiares de desaparecidos han logrado construir con la comunidad.

 

“Esto nos provoca un retraso en lo que ya habíamos avanzado con este activismo de familiares buscando desaparecidos”, expresó.

El activista señaló que, aunque existe molestia entre quienes buscan a sus familiares, la violencia no es una vía que justifique ese descontento.

“Estamos sufriendo una violencia con nuestros familiares desaparecidos, pero eso no justifica actuar de esa manera”, afirmó.

Carrillo agregó que en Baja California se buscan alrededor de 24 mil personas, de las cuales estimó que unas 7 mil son mujeres.

Asimismo, reconoció que persisten rezagos en las investigaciones, al señalar que “la mayor parte, el 90 %”, de los casos se encuentran sin resolver, aunque destacó que los colectivos mantienen mesas de trabajo y acciones de búsqueda con autoridades y familias para avanzar en su localización.

 

 

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