Las manifestaciones del 8 de marzo en Tijuana, realizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, volvieron a poner sobre la mesa las demandas de colectivos feministas, al tiempo que abrieron un debate sobre los límites de la protesta cuando se registran incidentes en instalaciones públicas.

Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC), expresó su respaldo a las demandas planteadas por las manifestantes y defendió el derecho a la libre expresión como un elemento central de la vida democrática.

El ombudsman explicó que la comisión acompañó las movilizaciones realizadas en distintas ciudades del estado (entre ellas Tijuana, Mexicali y Tecate) con la finalidad de observar el desarrollo de las marchas y verificar que las autoridades respetaran los derechos de quienes participaron.

Durante la jornada en Tijuana se registraron algunos momentos de tensión, particularmente cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al Palacio Municipal y posteriormente a instalaciones cercanas de la Fiscalía y del Poder Judicial. En esos momentos se produjo una contención por parte de elementos de seguridad.

Ochoa Orduño señaló que, si bien la comisión no respalda los daños a propiedad pública o privada, considera que los reclamos de los colectivos deben escucharse sin que ello derive en procesos de criminalización automática.

Uno de los puntos que generó inquietud fue la pérdida de algunos documentos en el exterior de oficinas de la Fiscalía. No obstante, el titular de la CEDHBC indicó que, de acuerdo con información oficial, los expedientes cuentan con respaldos, por lo que no se verían comprometidas las investigaciones en curso.

El funcionario subrayó que las exigencias de justicia que motivan estas protestas reflejan un problema estructural que sigue pendiente en el país, por lo que insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo y evitar escenarios de confrontación.

Hasta el momento, la comisión no tiene registro de detenciones arbitrarias ni de violaciones a la libertad de expresión durante las manifestaciones del 8M en Baja California.