La activista Olimpia Coral Melo advirtió que, a pesar de los avances legislativos en materia de violencia digital en México, persisten importantes obstáculos para garantizar justicia a las víctimas, principalmente por la falta de colaboración de plataformas digitales.

Reconocida por impulsar la Ley Olimpia, explicó que actualmente el 70% de las denuncias que no logran avanzar en un proceso judicial se debe a la falta de pruebas, muchas de las cuales dependen directamente de la información que poseen estas plataformas.

Señaló que en América Latina las empresas digitales no están obligadas a rendir cuentas ante las autoridades, lo que dificulta la integración de carpetas de investigación y limita el acceso a la justicia, incluso cuando existen leyes y fiscalías preparadas.

Asimismo, destacó que las víctimas enfrentan problemáticas como la revictimización y la culpabilización al momento de denunciar, lo que agrava el proceso legal y desalienta la búsqueda de justicia.

La activista subrayó que, aunque México ha sido pionero a nivel mundial con una legislación impulsada por víctimas, aún queda pendiente que las plataformas digitales asuman responsabilidades claras, tanto legales como operativas.

En ese sentido, mencionó que recientemente se presentó un acuerdo entre el gobierno federal y diversas plataformas digitales; sin embargo, señaló la ausencia de X, una de las principales redes donde, afirmó; se difunde contenido íntimo sin consentimiento.

Olimpia Coral indicó que, además de la difusión de este tipo de material, en dichas plataformas también se registran prácticas que afectan la libertad de expresión de periodistas y activistas, así como los derechos digitales de las personas, especialmente de las mujeres.

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Durante su visita a Baja California, informó que sostendrán encuentros con autoridades estatales, fiscalías y dependencias para compartir un protocolo de atención a víctimas desarrollado por colectivas de defensoras digitales, con el objetivo de mejorar los procesos de denuncia y atención.

Finalmente, enfatizó que, aunque existen avances como la posible actualización legislativa para incluir contenidos generados con inteligencia artificial, estos esfuerzos serán insuficientes si no se garantiza la corresponsabilidad de las plataformas digitales en la prevención y sanción de estos delitos.