Ante los avances en las investigaciones relacionadas con los llamados “cárteles inmobiliarios”, el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha destacó la necesidad de continuar fortaleciendo el marco legal para sancionar a quienes participan en el despojo de propiedades, incluyendo servidores públicos, notarios y abogados.

 

El legislador señaló que desde el año pasado se ha planteado la incorporación de la figura de “corrupción inmobiliaria” en el Código Penal, con el objetivo de perseguir a todas aquellas personas que faciliten o preparen la invasión ilegal de viviendas.

 

 

“Es un reconocimiento a los avances que se han dado, pero tenemos que seguir adelante. Buscamos que cualquier persona involucrada en estas prácticas enfrente consecuencias penales”, expresó.

 

Cantón Rocha enfatizó que estas redes operan mediante esquemas de complicidad que van más allá de quienes ocupan físicamente los predios, involucrando a actores dentro del servicio público e incluso del ámbito judicial.

 

En este contexto, respaldó las acciones anunciadas por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, quien informó sobre el reforzamiento de estrategias preventivas como la implementación de “usuarios simulados”, mecanismo que ha permitido detectar irregularidades y abrir investigaciones administrativas que podrían derivar en procesos penales.

 

 

El diputado subrayó que el servicio público debe estar integrado por personas honestas, por lo que consideró fundamental no permitir que funcionarios se beneficien de sus cargos en perjuicio de la ciudadanía.

 

“Primero están los bajacalifornianos. No se puede tolerar que haya quienes utilicen el servicio público para servirse a sí mismos. Se debe garantizar que se haga justicia y que quien cometa estos actos enfrente las consecuencias”, concluyó.