La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California inició una investigación de oficio en contra del director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Armando Carrasco, tras la difusión de notas periodísticas que contienen señalamientos en su contra relacionados con su situación patrimonial.

De acuerdo con Edgar Magaña, director de investigación de faltas administrativas y verificación patrimonial de la dependencia, “derivado de eso y de conformidad con las atribuciones que nos da la Ley de Responsabilidades, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del órgano interno de control de la institución, inició la investigación de manera oficiosa el día lunes”.

 

El funcionario explicó que actualmente “se están realizando las diligencias necesarias, se está solicitando la información necesaria para la investigación”, por lo que el proceso se encuentra en una etapa inicial, a la espera de datos que permitan avanzar en el análisis correspondiente.

Sobre la posibilidad de separar del cargo al funcionario mientras se desarrolla la indagatoria, Magaña precisó que “de conformidad con la ley de responsabilidades, nosotros no tenemos la atribución de solicitar una suspensión temporal durante una investigación”.

La investigación, puntualizó, “está relacionada con las notas derivadas de la adquisición de un domicilio y el pago de una hipoteca”, y no con otros señalamientos. En ese sentido, reiteró que será hasta contar con la información completa cuando se pueda determinar cualquier conclusión.

Por su parte, Jorge Eduardo Mondragón Barrios, titular de la Oficina de Control en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, indicó que “el día lunes 6 de abril se aperturó de oficio por parte de esta autoridad investigadora la investigación correspondiente y ya se están solicitando a diversas autoridades administrativas información”.

 

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Añadió que, debido a que la indagatoria apenas comenzó, “no se puede adelantar nada en el sentido de que estamos en el plazo en que nos estén disponiendo las diversas solicitudes”.

Las autoridades también confirmaron que las declaraciones patrimoniales del funcionario serán parte del proceso de verificación, el cual contempla el cotejo de ingresos y egresos para determinar si son acordes con su patrimonio. En caso de detectarse inconsistencias, se abriría un periodo de aclaración y, de no solventarse, podría derivar en un informe de presunta responsabilidad.

Sobre los tiempos, Magaña señaló que “realmente no hay una temporalidad para llevar a cabo una investigación”, ya que depende de la información que proporcionen diversas instancias, cuyos plazos de respuesta oscilan entre cinco y quince días hábiles.

 

 

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