16-04-2026

Foto: Baja News
La reforma constitucional obliga al Estado a crear políticas públicas, apoyos y servicios para garantizar el bienestar de personas cuidadoras y quienes requieren atención
La diputada Daylín García Ruvalcaba logró la aprobación unánime de su iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado en Baja California, una propuesta que busca garantizar respaldo institucional a quienes se dedican a cuidar a otras personas.
La legisladora explicó que la reforma plantea que todas las personas tengan derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, lo que implicaría la obligación del Estado de generar políticas públicas, programas e infraestructura que respalden a las personas cuidadoras.
“Lo que estamos pidiendo es que se reconozca en la Constitución este derecho, para que también exista apoyo gubernamental. Las instituciones deben cooperar porque necesitamos un sistema que ayude a las personas cuidadoras”, expresó.
García Ruvalcaba destacó que actualmente miles de familias en la entidad dependen de labores de cuidado no remuneradas, muchas de ellas realizadas por madres que han dejado su desarrollo profesional para atender a hijos con neurodivergencia o discapacidad, así como por hijos que suspenden sus estudios para cuidar a padres adultos mayores, o abuelas que asumen la crianza de sus nietos.
Señaló que esta situación, en muchos casos, incrementa la vulnerabilidad económica de las familias, al limitar sus oportunidades laborales y de desarrollo personal.
La iniciativa contempla que, al elevarse a rango constitucional, el derecho al cuidado obligará al Estado a implementar apoyos económicos, servicios especializados y programas educativos, incluyendo atención a personas con discapacidad y esquemas que fortalezcan el acompañamiento a niñas y niños con condiciones neurodivergentes.
“Hoy hablamos de personas que cuidan 24/7 sin ningún respaldo. Con esta reforma, se abre la puerta para que también reciban apoyo económico y acceso a servicios”, puntualizó.
La propuesta fue aprobada con 22 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, durante sesión ordinaria de la XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

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