Ante diversas amenazas en planteles educativos del estado, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, señaló que las autoridades cuentan con herramientas tecnológicas para identificar a los responsables; sin embargo, advirtió que no habría sanciones penales en caso de tratarse de menores de edad.

 

El legislador explicó que la Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, tiene la capacidad de realizar labores de inteligencia digital para rastrear el origen de las amenazas difundidas principalmente a través de redes sociales.

 

“Hay manera de identificar direcciones IP, ubicar la fuente y tomar acciones. Existe una gran área de oportunidad para prevenir este tipo de situaciones”, afirmó.

 

 

Ramos Hernández destacó que tanto a nivel estatal como municipal; en ciudades como Mexicali y Tijuana, ya operan unidades de policía cibernética, lo que permite reforzar las tareas de monitoreo y prevención ante posibles riesgos en entornos escolares.

 

No obstante, subrayó que el marco legal actual limita la aplicación de sanciones penales cuando los responsables son menores de edad, lo que representa un desafío adicional para las autoridades.

 

 

“Cuando la amenaza la comete un menor, no hay responsabilidad penal como tal; en cambio, si es un adulto, sí se puede proceder legalmente”, puntualizó.

 

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer medidas preventivas dentro del sistema educativo, como la implementación de operativos de revisión; conocidos como “Operación Mochila”, y una mayor coordinación entre autoridades escolares y de seguridad.

 

 

Desde el pasado 22 de abril, autoridades educativas y de seguridad han confirmado reportes de amenazas en al menos 17 planteles en Baja California, cifra que posteriormente aumentó a 98, de acuerdo con la SSCBC. Esta situación estaría vinculada a la difusión de un supuesto “reto” en redes sociales.

 

El diputado aseguró que tanto la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía ya trabajan en las investigaciones correspondientes, siguiendo instrucciones del gobierno estatal para atender y contener este fenómeno.