La zona de Camino Verde se mantiene bajo análisis por parte de autoridades de planeación urbana, en medio de un proceso que, según el Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN), no contempla modificar el uso de suelo, sino establecer una declaratoria de riesgo basada en criterios técnicos y participación ciudadana.

 

El titular del organismo, Juan Diego Mascareño López, informó que actualmente se revisan y digitalizan 528 formularios entregados por residentes como parte de la consulta pública, insumo que será integrado en la determinación final sobre el polígono en cuestión.

 

El funcionario subrayó que la medida en discusión no implica desalojos inmediatos ni la reclasificación del territorio como no habitable. En cambio, explicó, busca fijar restricciones para futuras construcciones, particularmente aquellas de gran escala, como desarrollos verticales, instalaciones industriales o estructuras de alto impacto urbano.

 

 

La intención, añadió, es dotar de certeza a las condiciones del área y facilitar el acceso de los habitantes a programas institucionales relacionados con vivienda, servicios y regularización.

 

No obstante, el proceso ha generado inconformidad entre vecinos, quienes recientemente acudieron a las oficinas del instituto para manifestar su rechazo a lo que consideran una medida poco clara. Los residentes entregaron firmas en oposición y cuestionaron la falta de información técnica que respalde tanto la declaratoria como la posible ampliación del perímetro de riesgo.

 

Mascareño López puntualizó que la clasificación específica de las viviendas corresponde a Protección Civil, instancia encargada de realizar evaluaciones en campo y determinar el nivel de riesgo de cada inmueble.

 

El número definitivo de viviendas incluidas dentro del polígono será definido una vez concluida la consulta pública, cuyo resultado integrará tanto los estudios técnicos disponibles como la opinión ciudadana recabada en el proceso.