La presidenta de la Barra de Abogadas, Estefanía Campos García, informó que desde hace meses promueven una iniciativa enfocada en tipificar la omisión del deber de protección hacia niñas, niños y adolescentes, la cual ya es analizada con diputadas y diputados del Congreso del Estado.

Campos García explicó que el planteamiento busca que el incumplimiento de las obligaciones de cuidado no se sancione únicamente cuando exista un resultado delictivo, sino que se castigue de manera autónoma. “El deber de cumplimiento no debe de sancionarse únicamente cuando tenemos un resultado o un delito, sino que debe sancionarse de manera autónoma”, señaló.

Detalló que la propuesta contempla establecer responsabilidad penal para cualquier autoridad o persona encargada del resguardo de menores que no cumpla con sus funciones. En ese sentido, indicó que la iniciativa se ha estado socializando con distintas autoridades, con la expectativa de que pronto haya avances en el Congreso local.

Al ser cuestionada sobre las conductas que se buscan tipificar, la abogada precisó que se trata de la omisión del deber de protección, es decir, el incumplimiento de las responsabilidades de cuidado por parte de instituciones y servidores públicos. Entre ellos mencionó autoridades escolares, instancias del sistema DIF, centros educativos, estancias infantiles y el propio Poder Judicial.

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“Cualquier autoridad que tenga a su cargo un deber de protección o de cuidado sobre niños, niñas y adolescentes, y no cumpla oportunamente con este deber de cuidado, reciba una sanción que se establezca en el Código Penal”, expuso.

La propuesta, agregó, pretende ir más allá del marco actual, en el que las sanciones se aplican cuando ya existe una situación de peligro. El objetivo, dijo, es castigar desde la falta de atención o de seguimiento a protocolos de seguridad.

Campos García ejemplificó que este tipo de omisiones se observa en casos de acoso escolar o en situaciones donde existen indicios de posibles delitos en escuelas y no se activan oportunamente los protocolos establecidos, lo que, consideró, evidencia la necesidad de una regulación más estricta.