El secretario general de Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, informó que la atención a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ha sido una prioridad desde el inicio de su gestión, destacando la conformación de una agenda de trabajo conjunta que ya fue aprobada por madres buscadoras y autoridades.

 

El funcionario explicó que a partir del 10 de abril se iniciaron mesas de trabajo en las que participan colectivos, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Estas reuniones, dijo, se han ampliado a otros municipios, incluyendo recientemente a colectivos de San Quintín.

 

 

Como resultado de estos encuentros, se acordó la instalación de un mecanismo de búsqueda de personas, el cual estará integrado por tres representantes ciudadanos de colectivos, la titular de la Fiscalía estatal, áreas periciales y la Fiscalía especializada en desapariciones. También participarán dependencias del Poder Ejecutivo como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud, así como el Servicio Médico Forense (SEMEFO) por parte del Poder Judicial.

 

Entre las principales demandas de los colectivos destaca el incremento de personal especializado. En ese sentido, Pon Méndez señaló que desde la primera mesa de trabajo se acordó analizar, junto con la Secretaría de Hacienda, la manera de fortalecer el recurso humano destinado a estas labores.

 

Asimismo, indicó que se trabaja en la integración y ampliación del equipamiento disponible, sumando los recursos de la Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda, además de contemplar la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas.

 

 

En materia de capacitación, el funcionario aseguró que el personal asignado a tareas de búsqueda cuenta con preparación para el uso de herramientas como drones; sin embargo, reconoció la necesidad de mantener procesos constantes de actualización.

 

Finalmente, informó que se dispondrá de aproximadamente 34 millones de pesos de recursos federales, los cuales serán destinados principalmente a la habilitación de oficinas en Tijuana para fortalecer la atención en este rubro.