Max García aseguró que el repunte de la inseguridad, la extorsión y la pérdida de empleos están afectando la actividad económica de Baja California, especialmente en Tijuana, donde dijo el cierre de negocios y la falta de nuevas inversiones reflejan el clima de incertidumbre que enfrenta el sector productivo.

 

El legislador señaló que el cobro de derecho de piso y la presión fiscal han llevado a algunos comerciantes a trasladarse a la informalidad ante la falta de condiciones para operar con seguridad y rentabilidad.

 

 

García consideró que los gobiernos estatal y federal deben rectificar su estrategia de seguridad y atender con mayor eficacia los problemas económicos de la región.

 

Asimismo, sostuvo que las autoridades mexicanas deben proceder contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar necesario que se finquen responsabilidades y que responda a los señalamientos en su contra.