12-05-2026

Foto: Baja News
Colectivos ciudadanos y de la diversidad sexual pidieron que el tratamiento del consumo problemático de sustancias se enfoque en la salud mental y no en castigos o criterios religiosos
Integrantes del Frente Ciudadano Amor, Dignidad y Lucha y activistas de la comunidad LGBT+ se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Tijuana, para exigir que la atención a personas con consumo problemático de sustancias se realice con un enfoque de salud mental y respeto a los derechos humanos, luego de la difusión de un video en el que se observa el traslado de una mujer trans a un centro de rehabilitación.
Amanda Rodríguez González, representante del colectivo, señaló que el tratamiento de las adicciones debe alejarse de visiones moralistas o punitivas y centrarse en el acompañamiento profesional.
“El apoyo no castiga”, resumió la activista al explicar que el acceso a servicios especializados debe considerar la salud mental y la dignidad de las personas usuarias.
Rodríguez González sostuvo que los sectores que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad han enfrentado durante años condiciones de precariedad, violencia y marginación, y lamentó que algunos establecimientos continúen operando sin apego a la ley.
A su juicio, los hechos denunciados muestran características similares a las llamadas terapias de conversión con componentes religiosos, prácticas ampliamente cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por su parte, la activista Elisa Sofía afirmó que decidió participar en la protesta tras la difusión de un video que, dijo, exhibe públicamente a una integrante de la comunidad trans.
Según relató, la mujer identificada como Karim habría sido llevada a un centro donde le cortaron el cabello y le dijeron que la convertirían en hombre.
Elisa Sofía subrayó que la identidad de género no guarda relación con el consumo de sustancias y cuestionó que cualquier ayuda se condicione a modificar la expresión o identidad de una persona.
Las manifestantes solicitaron abrir un diálogo con quienes operan estos centros para garantizar que los tratamientos se desarrollen con respeto a la dignidad, la identidad y los derechos fundamentales de las personas atendidas.

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