La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California, María Gabriela Monge Pérez, informó que durante todo el mes de mayo las personas servidoras públicas deberán presentar su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 2025, en la que deberán reportar adquisiciones, modificaciones patrimoniales, apertura de créditos o cualquier movimiento realizado del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado.

 

La funcionaria explicó que este periodo corresponde al plazo legal establecido para que los funcionarios cumplan con esta obligación y, una vez concluido, la dependencia iniciará los procesos de verificación patrimonial correspondientes.

 

Monge Pérez recordó que la Secretaría cuenta con un área especializada de evolución patrimonial, encargada de revisar y verificar el patrimonio de todos los servidores públicos del estado, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad.

 

Respecto al caso del director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, señaló que la investigación se encuentra avanzada y actualmente ya es atendida por el Departamento de Verificación Patrimonial, luego de haber sido turnada por el órgano interno de control.

 

“Se está trabajando bajo los principios de legalidad y debido proceso”, afirmó.

 

 

En cuanto al señalamiento relacionado con una presunta adquisición atribuida al secretario de Bienestar de Baja California, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, precisó que hasta el momento no existe una denuncia formal en su contra.

 

Indicó que deberá transcurrir el mes de mayo para que el funcionario presente su declaración patrimonial, como lo establece la ley, y será a partir de ese momento cuando la Secretaría pueda realizar la revisión correspondiente.

 

La secretaria subrayó que la verificación patrimonial inicia únicamente una vez cumplido el plazo constitucional para la presentación de las declaraciones, respetando en todo momento el marco legal vigente.