A casi cuatro años de haber denunciado un presunto caso de pederastia agravada cometido por un exempleado del jardín de niños Motolinia contra su hija y otro menor, Melissa Martínez y Carlos Loza continúan exigiendo justicia y denunciaron falta de información y presunta opacidad por parte de autoridades educativas y administrativas sobre el avance del caso.

 

Los padres relataron que, desde que presentaron la denuncia formal en 2022, han buscado dar seguimiento puntual al proceso tanto penal como administrativo; sin embargo, aseguran que las respuestas han sido escasas y contradictorias.

 

Explicaron que inicialmente la dirección del plantel les informó que la directora involucrada había sido inhabilitada, aunque posteriormente dicha resolución fue impugnada.

 

“Nos dijeron que estaba inhabilitada, pero impugnaron esa resolución y en noviembre nos comentaron que nos notificarían si seguía firme o no, para saber si podía regresar al área administrativa. Hasta la fecha no nos han notificado nada”, señalaron.

 

Ante la falta de información, hace aproximadamente un mes acudieron al Órgano Interno de Control para solicitar avances, donde les informaron que el asunto seguía “en trámite” y que habría una respuesta en un plazo de 15 días, periodo que ya transcurrió sin novedades.

 

Respecto al intendente señalado como presunto responsable directo del delito, afirmaron desconocer por completo el estado actual de la carpeta penal.

 

“Nos decían que todo iba en orden, que una vez que la sentencia quedara firme nos informarían cuál sería el procedimiento para iniciar lo correspondiente con él, porque primero necesitaban la resolución del juez”, detallaron.

 

 

Una vez obtenida la sentencia firme, los padres aseguran que la entregaron personalmente a la titular de la Secretaría de Educación de Baja California, Irma Martínez, durante una reunión celebrada por la noche en oficinas de la dependencia, además de remitir la documentación por correo electrónico, como les fue solicitado.

 

Sin embargo, tiempo después les informaron que, al no formar parte directa de la carpeta administrativa, posiblemente no podrían participar ni ser notificados sobre audiencias o resoluciones.

 

“Eso se nos hace ilógico, porque presentamos una inconformidad formal desde que detectamos irregularidades en la escuela y durante todo este tiempo hemos dado seguimiento. No sabemos si ya hubo audiencias o si simplemente no han hecho nada”, reprocharon.