20-05-2026

Foto: Baja News
Más del 60 por ciento de las revisiones ya fueron solventadas, mientras que otras continúan en investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California ha llevado a cabo 565 auditorías en lo que va de la actual administración estatal, como parte de las acciones de supervisión y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en las distintas dependencias gubernamentales.
De acuerdo con los datos presentados por la titular de la dependencia, María Gabriela Monge Pérez, el 60.2 por ciento de las auditorías han sido solventadas satisfactoriamente; un 22.6 por ciento permanece en proceso de solventación e investigación, mientras que el 7.2 por ciento fue turnado formalmente a investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas.
La funcionaria destacó que las auditorías representan una de las herramientas más relevantes para garantizar la transparencia y detectar posibles irregularidades dentro de la administración pública estatal.
“Una parte importantísima son las auditorías; hasta el momento tenemos 565 auditorías, muchas concluidas. Y sí, si hay observaciones, ahí ustedes lo pueden ver en la gráfica: cuántas fueron solventadas, cuántas están en proceso de solventación y cuántas llegan a investigación”, explicó Monge Pérez.
Detalló que cuando una auditoría es turnada a investigación, el objetivo es determinar si las observaciones detectadas pueden derivar en una recomendación administrativa, una falta no grave o si aún existen elementos pendientes por comprobar dentro del proceso de revisión.
“¿Para qué llegan a investigación? Para saber si se convierten en una recomendación, en una falta administrativa no grave o bien, en el transcurso, sigue teniendo la unidad la comprobación de esa auditoría de los resultados habidos”, puntualizó.
La titular de la Secretaría Anticorrupción aseguró que estos procedimientos forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la rendición de cuentas y asegurar el correcto desempeño de las instituciones públicas en Baja California.

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